El Reglamento interno del Congreso de Perú y Alemania, por citar algunos paises, exige a los diputados presentar con cada iniciativa de ley, un análisis de costo-beneficio de cada propuesta. Aunque en Guatemala no sea un requisito legal hacerlo, sugerimos a nuestros congresistas realizar un análisis económico de la iniciativa de ley 5074, “Ley de Competencia” a efecto de determinar si los beneficios de la misma son de tal magnitud que justifique los costos de la misma. Acá les listamos algunos rubros que deberán costear:
I. Costos:
a) Autoridad de Competencia: sueldos y honorarios, alquiler o compra de inmueble, mobiliario, computadoras, capacitaciones internas, luz, vehículos, oficinas departamentales, juzgados especiales, etc.
b) Costo de programas para abogacía de la competencia que deberá llevar a cabo la autoridad, así como cualquier otro costo en que incurrirá el Gobierno para hacer cumplir la ley.
c) Qué costos de transacción en que incurren los Agentes Económicos para cumplir con la ley? En algunos casos, será cambiar su forma de operación, contratar abogados y economistas para pedir asesoría, contratar más personal, cerrar sucursales, variar fórmulas de precios, abstenerse de llevar a cabo ciertas inversiones o contrataciones, costo de oportunidad, etc.
d) ¿Tiene el Gobierno recursos para pagar lo anterior? Hay consenso respecto a que las multas que cobre la autoridad, no deben de ser fondos privativos de la misma pues se genera un incentivo perverso. ¿Subirán impuestos para poder financiar la futura Superintendencia o cerrarán algunas secretarías improductivas?
II. Beneficios:
a) ¿Cuál será el beneficio económico para la economía de Guatemala, el tener una Superintendencia de Competencia, investigando y eventualmente sancionando a los Agentes Económicos?
b) ¿De cuánto es el beneficio para las empresas cumplir con la ley?
Una vez se tengan los montos antes definidos, será menester realizar una comparación cualitativa y cuantitativa a fin de determinar si los beneficios son mayor a los costos. No olvidemos que el objetivo de una Ley de Competencia es generar eficiencia económica, a fin de beneficiar en última instancia del consumidor. Si del resultado del anterior análisis costo-beneficio de enforzar una ley de competencia, los costos son mayores a los beneficios, no hace sentido tener una ley de esta naturaleza, especialmente porque no estaría cumpliendo su principal razón de ser. En este caso, mejor será continuar con los esfuerzos de contar con una buena política de competencia, en donde se eliminen privilegios, protecciones, barreras de entrada y salida al mercado, etc.
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