En redes sociales, ya se empieza a comentar la próxima venida a Guatemala de Uber, así como la oposición de los taxistas hacia los primeros. La razón de dicha oposición (que en otros países, hasta han llegado a la violencia de parte de los taxistas hacia los pilotos de Uber) es que están acomodados y durmiendo en sus laureles pues no habían tenido competencia; es por ello, que se dan el lujo de dar un pésimo servicio a un mal precio. Pero, ¿ cómo se arregla esta situación? Hay algunos que sugieren promulgar una Ley de Competencia, para que una Superintendencia con amplias facultades de investigación e intervención en la libertad de industria, comercio y de asociación de los Agentes Económicos, sea la encargada de investigar y sancionar a los taxistas por incurrir en las diferentes prácticas anticompetitivas (cartel de precios, de territorio, abuso de posición de dominio, precio predatorio, discriminación de precios etc.) y de esta forma, garantizar la competitividad en los mercados, generar eficiencia económica para beneficiar en última instancia al consumidor. Esta es la postura que prevalece a nivel mundial: es el “establishment”, apoyado por abogados, economistas, Gobierno y comunidad internacional.
En mi opinión, los objetivos que se pretenden conseguir con una Ley de Competencia, se alcanzan de mejor forma a través de una competencia real entre los Agentes Competidores. Para ello, sólo es necesario que el Gobierno trabaje en: (i) formular una Política (no ley) de Competencia mediante a cual, el ingreso y egreso al mercado sea libre, sin ningún tipo de barreras, (ii) promover una abogacía de la competencia, (iii) capacitar a las actuales autoridades pertinentes, incluyendo a magistrados en Derecho de la Competencia, (iv) tener un sistema de justicia imparcial y efectivo, mediante el cual, se proteja los derechos individuales de los Agentes Económicos, (v) combatir la economía informal y el contrabando.
Guatemala ya tiene regulación de competencia dispersa en diferentes ordenamientos jurídicos, la cual, es suficiente (salvo con mínimas modificaciones) para garantizar una libre competencia entre los Agentes Económicos. Si Uber inicia operaciones comerciales hoy día, los consumidores nos veremos beneficiados de la competencia que se generará entre Uber y taxistas, pues deberán procurar darnos un mejor servicio (mejores carros con bolsas de aire, limpios, con servicios actualizados, aire acondicionado, cargadores para celular, agua embotellada de cortesía, música de nuestra elección, pago con tarjeta de crédito, vigilancia del trayecto a través de satélite, pilotos corteses, posibilidad de compartir Uber con otros pasajeros desconocidos, saber con certeza la tarifa de antemano, la cual, varía según oferta y demanda) a un mejor precio, para ganarse la preferencia de los usuarios, todo lo anterior, SIN CONTAR CON LEY DE COMPETENCIA ESPECIAL.
Si replicamos este ejemplo del Uber y los taxistas, a los demás sectores proveedores de bienes y servicios, tendremos los mismos resultados y beneficios para el consumidor, sin necesidad de una Ley de Competencia Especial. Nunca vamos a tener un escenario perfecto, pues ello es utópico. El análisis que debe de hacerse es: ¿cómo se promueve más la eficiencia económica nacional? ¿Con una Ley de Competencia o con una buena Política de Competencia?
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