En la era de la especialización, el mundo jurídico no se ha quedado atrás, lo cual, se evidencia con expertos en Derecho Fiscal, Penal, Corporativo, Laboral, etc. Ante la futura Ley de Competencia que está por aprobarse por el Congreso de la República, será inminente la especialidad en el Derecho de la Competencia por parte de los profesionales del Derecho; sin embargo, esta es una rama cuyo contenido de fondo es en su mayoría de índole microeconómico y un pequeño porcentaje es legal.
La futura Superintendencia de Competencia, deberá contratar a los mejores microeconomistas (ojo: no sólo se requiere que sean economistas!) y a abogados con especialidad en estos temas, a fin de asegurarle al Agente Económico un debido proceso en la eventual investigación. Además de lo anterior, está por demás exigir la solvencia moral y ética de estos funcionarios.
Con el marco legal actual, cualquier decisión de la Superintendencia de Competencia, puede ser objeto de revisión mediante un Recurso de lo Contencioso Administrativo, ante lo cual, me surge la duda si tienen por lo menor, una base académica mínima en temas microeconómicos. Por supuesto que no podemos exigir que dominen a la perfección el tema, como sí lo debiera de hacer un economista; además que con certeza, se apoyarán en dictámen de expertos para poder emitir sus sentencias. No obstante lo anterior, sugiero que Guatemala imite las mejores prácticas en el tema de tribunales económicos, como en Chile por ejemplo, en donde un fiscal administrativo de competencia, es quien prepara la investigación y presenta el caso ante un Tribunal Económico, y es ante éste que el Agente Económico presenta sus pruebas de descargo, para que el tribunal sea quien emita la sentencia final. Con esta propuesta, también los evitamos que la entidad que investiga sea juez y parte.
Además de estos casos de competencia, los nuevos Tribunales Económicos, conformados por magistrados con estudios y experiencia en temas económicos, pudieran también ser los competentes para resolver cuestiones de Propiedad Intelectual, protección al consumidor, quiebras, concursos de acreedores, ejecuciones bancarias, todos los conflictos derivados del Código de Comercio y demás leyes que regulan a los comerciantes, etc. Además de ser un descargo para la actual administración de justicia, tendríamos la garantía de ser juzgados por magistrados competentes y conocedores del tema, y sería más expedita la tramitación de los procesos en general.
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